El Ministerio del Comercio Interior (Mincin) estableció nuevas normas, publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, referidas al reordenamiento del comercio mayorista, la creación de mercados de abasto y de barrio, y la actualización de las regulaciones para los establecimientos gastronómicos del Sistema de Atención a la Familia (SAF).

Estas disposiciones, contempladas en las recientes transformaciones aprobadas en el sector, buscan perfeccionar la organización, el control y la calidad de los servicios, según puntualizó en conferencia de prensa Betsy Díaz Velázquez, titular del Mincin.

Precisó que ante las limitaciones del abastecimiento con destino a la canasta familiar normada, debido sobre todo al recrudecimiento del bloqueo y al cerco energético estadounidense, se encuentra en proceso de implantación el proyecto “Mercado de Barrio”.

“Este tiene el propósito de ofertar a la población una nomenclatura de productos de primera necesidad, que a partir de incentivos fiscales, tendrán un impacto en los precios y el tratamiento diferenciado a personas más vulnerables”, señaló Díaz Velázquez.

Al respecto, Yenisley Ortiz, viceministra de Finanzas y Precios, citó los beneficios fiscales para incentivar esas modalidades al comentar que se fija, entre otras, la bonificación del 10% del pago del impuesto sobre las ventas mayoristas y el 5% sobre las ventas minoristas.

Según lo estipulado, estos mercados podrán operar con varios actores económicos, priorizar productos de alta demanda y funcionar tanto en pesos cubanos como en divisas, con emisión de facturas, pagos electrónicos y comercio electrónico.

 La norma precisa que la creación del “Mercado de Barrio” dependerá de las características del territorio, la demanda y las condiciones físicas de las instalaciones, que pueden incluir almacenes, tiendas amplias y áreas abiertas.

En cuanto al funcionamiento de los establecimientos gastronómicos del Sistema de Atención a la Familia (SAF), las nuevas normas establecen la responsabilidad de los organismos de la Administración Central del Estado.

En ese sentido, se incluyen las responsabilidades de los gobernadores e intendentes y de los jefes de las estructuras organizativas de las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular que correspondan.

También se dispone la ampliación de la participación de los prestadores del servicio y las acciones para lograr el perfeccionamiento de su calidad y seguir acompañando las acciones que demanda la situación demográfica del país.

Se reafirma que el servicio está dirigido a personas mayores que viven solas, personas con discapacidad sin apoyo de ningún tipo, familias en situación de vulnerabilidad social y, de manera excepcional, embarazadas en núcleos familiares que requieran refuerzo alimentario.

Asimismo, se fijan obligaciones de control, seguimiento, registros de beneficiarios, requisitos sanitarios, elaboración de menús con aportes nutricionales adecuados y coordinación con otras instituciones del territorio.

La ministra del Mincin ratificó la decisión del país de avanzar en subsidiar a personas y no a productos.