La Fiscalía General de la República informó este martes que los seis implicados en el intento de infiltración en la zona norte de Villa Clara fueron instruidos de cargo por delitos de terrorismo.

Se trata de los seis lesionados de una lancha rápida con matrícula de Florida (FL7726SH) que abrió fuego contra una patrulla de las Tropas Guardafronteras cubanas la mañana del 25 de febrero, dejando cuatro fallecidos de su parte, frente a cayo Falcones, Corralillo, Villa Clara.

En un comunicado oficial, la Fiscalía añade que todos quedaron bajo la medida cautelar de prisión provisional.

El proceso penal, radicado por el Órgano Especializado de Investigación Criminal de Delitos contra la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, investiga hechos que, según la información oficial, tenían como propósito la realización de actos terroristas, de acuerdo con la nota divulgada por la institución.

La Fiscalía precisó que supervisa el curso de la investigación y que velará por el respeto a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y las leyes, así como por el cumplimiento del debido proceso.

Una vez concluidas las diligencias investigativas, se adoptarán las decisiones procesales correspondientes conforme al marco legal vigente, indicó el órgano, que reiteró su función constitucional de actuar en defensa de la legalidad y las instituciones del país.

La semana pasada, las autoridades arrojaron nuevos elementos, entre ellos la confirmación de un intercambio de disparos a corta distancia, el volumen de armamento ocupado y la posible existencia de una segunda embarcación que partió desde Florida.

La información fue ofrecida en una emisión especial del programa televisivo Razones de Cuba, donde comparecieron mandos de las Tropas Guardafronteras, del órgano especializado en delitos contra la Seguridad del Estado y de la Fiscalía General de la República, según autoridades del Ministerio del Interior.

De acuerdo con el primer coronel Ybey Carballo Pérez, jefe de Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras, la embarcación fue detectada a las 7:10 a.m., a 3,7 millas náuticas dentro de aguas territoriales cubanas. La lancha, con matrícula estadounidense, navegaba a unos 24 nudos y transportaba cerca de 1,8 toneladas.

Carballo Pérez explicó que la actuación siguió un protocolo gradual: “primero se identifica, luego se persigue, se acompaña y se persuade”. Añadió que el uso de armas de fuego es el último recurso y que “solo se responde con armas de fuego cuando somos agredidos”.

Según su relato, cuando la unidad interceptora se encontraba a 185 metros, recibió disparos. El capitán Yosmany Hernández Hernández resultó herido en el abdomen y el antebrazo. La tripulación, integrada por cinco efectivos, respondió al fuego.

El intercambio, señala, ocurrió a unos 20 metros de distancia. Tres de los diez ocupantes de la lancha fueron abatidos y siete resultaron heridos.

El peritaje técnico determinó 13 impactos de bala en la embarcación cubana y 21 en la lancha procedente de Estados Unidos, una unidad de nueve metros de eslora equipada con GPS y medios de radionavegación.

En tanto, las autoridades subrayaron que solo se empleó armamento reglamentario: tres fusiles AKM y una ametralladora ligera RPK.

embarcaciones desde Cayo Marathon, en Florida, pero una presentó fallas técnicas y sus ocupantes se trasladaron a la otra antes de llegar a aguas cubanas.

Durante la inspección fueron ocupados fusiles de distintos calibres, una escopeta Winchester, armas tipo AR-15, un fusil Delta, 11 pistolas —una de ellas con capacidad para perforar chalecos antibalas—, 134 cargadores y 12 846 municiones.

Cada integrante portaba un módulo individual con uniforme de camuflaje, casco, pasamontañas, cuchillo y otros accesorios. También se incautaron un dron con dos cámaras, diez equipos de comunicación, una planta eléctrica portátil, una cizalla y emblemas vinculados al denominado movimiento 30 de Noviembre.

El coronel Víctor Álvarez Valle indicó que entre los implicados figura Amijail Sánchez González, señalado como organizador y previamente incluido en la lista nacional de personas vinculadas a actividades terroristas. Añadió que la investigación apunta como presunta autora intelectual a Maritza Lugo Fernández, residente en Estados Unidos.

Por su parte, el fiscal jefe de dirección Edward Robert Campbell informó que los detenidos enfrentan cargos por agresión armada, entrada ilegal al territorio nacional y delitos asociados a terrorismo, violencia y tráfico ilícito de armas.

Las penas previstas oscilan entre 10 y 30 años de privación de libertad, e incluso la pena de muerte en los casos más graves. Aseguró que se ha respetado el debido proceso.