El Consejo de Estado de la República de Cuba aprobó la liberación temporal de las funciones laborales de un grupo de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, con el objetivo de garantizar un contacto más permanente y efectivo con sus electores.

De acuerdo con información publicada por la Agencia Cubana de Noticias, la medida está contenida en el Acuerdo No. 556-X y responde al complejo escenario económico, social y energético que enfrenta el país. Entre las principales dificultades menciona la limitada disponibilidad de combustible, afectaciones al sistema electroenergético nacional y problemas en la prestación de servicios vitales, en un contexto marcado por las recientes presiones del Gobierno de Estados Unidos hacia la isla.

Según la publicación, corresponderá a los presidentes de las Asambleas Municipales evaluar en cada territorio qué delegados podrán ser liberados temporalmente de sus responsabilidades laborales habituales. Aquellos que no sean incluidos en esta decisión deberán mantener su vínculo sistemático con la población, especialmente en días no laborables, y fomentar la participación comunitaria en la solución de problemas locales.

El Acuerdo recuerda que la Constitución de la República, en su artículo 193, establece que los delegados cumplen el mandato conferido por sus electores en interés de la comunidad. Asimismo, la Ley No. 132 dispone que los órganos y entidades estatales deben brindar el apoyo necesario para el ejercicio de sus funciones.

La fuente también destaca la experiencia acumulada por los delegados durante la pandemia de la COVID-19 y en situaciones climatológicas adversas, cuando su vínculo directo con la población resultó determinante para la atención a los ciudadanos.

El Consejo de Estado orientó que los presidentes de las Asambleas Municipales mantengan informados a los delegados sobre las decisiones adoptadas para enfrentar la actual situación del país. A su vez, estos deberán actualizar a la población sobre las medidas en curso y recoger criterios y propuestas encaminadas a solucionar los planteamientos comunitarios.

El Acuerdo otorga un papel activo a los Consejos Populares en el control de entidades de incidencia local y en el seguimiento sistemático a la atención de los planteamientos de los electores, con énfasis en temas como la producción de alimentos, la energía y el control de precios.

Las administraciones locales deberán contribuir al cumplimiento de lo dispuesto, adoptando medidas que permitan, aun en medio de limitaciones de recursos, elevar la satisfacción de la población. El cumplimiento del Acuerdo será evaluado periódicamente por la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular y la Secretaría de la Asamblea Nacional, y será publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.