Autoridades cubanas iniciaron en todo el país Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito
Previos ejercicios similares mostraron eficacia para reducir delitos patrimoniales e indisciplinas sociales.
Autoridades cubanas pusieron en marcha, este 22 de septiembre, el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito. Esta acción tiene como objetivo reforzar la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden, optimizar investigaciones y fomentar la participación comunitaria frente a delitos, corrupción e indisciplinas sociales.
El ejercicio —organizado por el Ministerio del Interior, organismos estatales, el Partido Comunista de Cuba, organizaciones sociales y comunitarias— incluye durante esta semana reuniones profilácticas con personas vinculadas al potencial delictivo y verificaciones administrativas para garantizar el cumplimiento de la legalidad.
También comprende inspecciones estatales en diversos sectores, y visitas de control en comunidades, centros laborales y estudiantiles. Según publicó el diario Granma, el IV Ejercicio debe contribuir a la movilización y activación de los Destacamentos de Vigilancia Cederista, la guardia obrera, las patrullas campesinas y los Destacamentos Mirando Mar.
El ejercicio coincide con la continuidad de la campaña “Contra las drogas se gana”, que abarca intervenciones integrales en barrios, instituciones educativas, centros laborales y comunitarios, orientadas a la prevención y la atención social.
Previos ejercicios similares mostraron eficacia en la isla para reducir delitos patrimoniales e indisciplinas sociales al reforzar mecanismos de denuncia, fiscalización y participación ciudadana. Según datos previos del Ministerio del Interior y la Fiscalía General, delitos patrimoniales y delitos relacionados con la corrupción han sido de los más frecuentes, lo que ha llevado a ampliar estos ejercicios nacionales como política de Estado.
Se espera que el IV Ejercicio permita evaluar los resultados operativos, identificar puntos débiles en los procesos investigativos, y promover una mayor transparencia institucional. Las autoridades supervisarán los impactos comunitarios, la reducción de manifestaciones delictivas y la eficacia de la prevención ante posibles nuevas amenazas.
