En un contexto donde la discriminación racial persiste como un grave problema social, el Código de las Familias establece un marco legal para la protección de las víctimas en el ámbito familiar. Este protocolo se centra en las acciones y omisiones que excluyen, limitan o marginan a individuos por su origen étnico y color de piel.

Se reconoce que cualquier persona que se considere víctima de discriminación tiene el derecho a denunciar y solicitar protección inmediata ante las autoridades competentes. El Código no solo define la discriminación, sino que también otorga a los fiscales la responsabilidad de orientar a las víctimas sobre cómo presentar denuncias y demandas por daños y perjuicios relacionados con la discriminación racial.

Además, se contempla la posibilidad de iniciar procesos legales en caso de que se presenten situaciones de violencia familiar, que pueden manifestarse en diversas formas, incluyendo maltrato verbal, físico y emocional.

Este protocolo busca empoderar a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia, estableciendo mecanismos claros para denunciar actos de discriminación y violencia en el hogar. Al hacerlo, se promueve un entorno familiar más justo e igualitario, donde se respete la dignidad de todas las personas sin distinción.