Ni Donald Trump ni la Ley Helms-Burton nos pondrán de rodillas (+ Fotos)
Los principios del Derecho Internacional, la propia Constitución de los Estados Unidos y el más elemental respeto a la soberanía de los Estados prohíben que el gobierno de un país emita leyes para que surtan efecto en otra nación independiente.
25 de marzo de 2019 - Por Eduardo González
Los principios del Derecho Internacional, la propia Constitución de los Estados Unidos y el más elemental respeto a la soberanía de los Estados prohíben que el gobierno de un país emita leyes para que surtan efecto en otra nación independiente.
Solo el Gobierno norteamericano se arroga la facultad de legislar para el resto del mundo, y el ejemplo más escandaloso es la llamada “Ley Libertad”, más conocida como Helms-Burton, firmada por el presidente William Clinton, el 12 de marzo del 1996.
La emitió para complacer a los capos de la mafia anticubana asentados en La Florida y comprometerlos a inclinar la arbitraria balanza electoral de ese Estado a su favor.
El senador Jesse Helms y el representante Dan Burton hicieron de testaferros para presentar el engendro, que había sido escrito, realmente, por los abogados de la firma Bacardí, a instancias de cabecillas anticubanos como Jorge Más Canosa, Roger Noriega, Ileana Ros-Lehtinen, Marco Rubio, Robert “Bob” Menéndez, Carlos Curbelo y otros compinches.
El propósito declarado por Burton: poner “el último clavo en el ataúd” de la Revolución Cubana, dista mucho de los verdaderos fines de los promotores, quienes han amasado fortunas y escalado posiciones políticas a costa del sufrimiento del pueblo cubano y no renunciarían a esas prebendas.

El bodrio antijurídico fue promulgado para, en primer lugar, codificar en ley la maraña de medidas anticubanas que habían adoptado los presidentes norteamericanos, desde el mismo triunfo del primero de enero de 1959, en sus intentos de ahogar al Gobierno revolucionario.
Se trata de impedir que algún presidente pudiera levantar el bloqueo económico, comercial y financiero que pesa sobre Cuba, prerrogativa que, desde entonces, solo corresponde al Congreso de los EEUU.
No se podría reforzar el bloqueo comercial, porque ya era total, y por eso la ley se limita a reafirmar la prohibición de la entrada de mercancías a los EEUU, e incluso su comercio fuera de su territorio, si esas mercancías son de origen cubano; están o estuvieron en Cuba o se transportaron desde este país o por su conducto; o se confeccionan o derivan en su totalidad o en parte de cualquier producto que se cultive, elabore o fabrique en Cuba.

La ley también se dirige a garantizar el continuo llenado de los bolsillos de sus promotores con dinero de los contribuyentes norteamericanos, pues “autoriza al Presidente a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales independientes en favor de los esfuerzos de democratización de Cuba”.
O sea, Washington se declara abiertamente patrocinador de la injerencia en los asuntos internos de Cuba.
Ya se sabe que la mayor parte de esa “asistencia” se la apropian los capos de la mafia floridana.
En el colmo del desconocimiento de la soberanía cubana, se faculta al presidente norteamericano a designar una especie de gobernador para Cuba, como lo hicieron en 1998, cuando ocuparon el país para frustrar la independencia.
Este procónsul se encargaría de supervisar que, después de la pretendida derrota del Gobierno revolucionario, fueran desmontados los organismos del Estado y las organizaciones de masas, e instaurado un Gobierno títere, cuya principal función sería entregar el país a todos los supuestos acreedores por las nacionalizaciones de propiedades legalmente efectuadas por la Revolución.
Solo entonces se levantaría el bloqueo.

Sorprende que se incluya entre los pretendidos beneficiarios de la restitución de propiedades, no solo a los ciudadanos norteamericanos que lo eran en aquel momento, sino también a quienes obtuvieron la ciudadanía posteriormente.
Esta aberración tiene el fin de alimentar la codicia de más personas y concitar su apoyo a la política anticubana.
El Título III de la Ley Helms-Burton ha ganado actualidad en los medios de difusión en los últimos días, a causa de la decisión del actual mandatario de acortar el plazo de su suspensión y disponer la ejecución parcial.
Este acápite establece la increíble autorización a nacionales norteamericanos para presentar, ante los tribunales de su país, demandas contra extranjeros que “trafiquen” con las propiedades reclamadas por norteamericanos en Cuba, incluso aquellos que no eran ciudadanos de los EEUU al producirse la nacionalización y cuyas supuestas propiedades nadie ha certificado.
El Título III había sido suspendido semestralmente por todas las administraciones estadounidenses anteriores, ya que atenta contra intereses de empresarios de cualquier país que tengan negocios o propiedades en Cuba.
Ahora Donald Trump lo suspende por solo unos días, y autoriza su aplicación parcial.

Desde el 19 de marzo, los tribunales de ese país aceptarán las demandas judiciales que se presenten contra numerosas empresas incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas del Departamento de Estado.
El propósito es amedrentar a los inversores extranjeros, a quienes se les amenaza con sanciones económicas y con la prohibición de viajar a los EEUU, tanto a ellos, como a sus familiares, derivadas del Título IV de esa ley.
La medida es sumamente peligrosa, pues cualquier ciudadano norteamericano puede establecer una demanda judicial por supuestas propiedades confiscadas en Cuba, lo cual puede colapsar el sistema judicial de los EEUU.
Además, muchos Gobiernos, incluso aliados de los EEUU, se verán en la obligación de proteger los intereses de sus nacionales, lo cual redundará en fricciones internacionales.
Algunos países ya habían firmado leyes antídoto, que establecen la prohibición expresa de acatar medidas derivadas de la Ley Helms-Burton, y empresarios extranjeros con intereses en Cuba han dicho que no renunciarán a sus negocios aquí.
Finalmente, Trump no podrá complacer a la mafia anticubana que, en su insaciable afán de dinero y poder, seguirá exigiéndole cada vez más.
Mucho menos podrá derrotar a la Revolución cubana, como no han podido sus antecesores.
Cuba jamás se ha doblegado ante las amenazas y agresiones de Washington, y no será Donald Trump quien consiga ponernos de rodillas.
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